Venezuela aprueba nueva Ley Minera y abre el sector a la inversión extranjera
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una ley de 131 artículos que reemplaza el marco regulatorio vigente desde 1999, establece concesiones de hasta 30 años y permite arbitraje internacional — señales clave para el capital externo que observa el mercado venezolano.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 9 de abril de 2026 una nueva Ley Minera de forma unánime y definitiva. La legislación impulsada por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez reemplaza el marco regulatorio vigente desde 1999 y representa el cambio más profundo en la política minera del país en casi tres décadas.
La ley habilita a empresas nacionales, extranjeras, estatales y privadas a explotar oro, diamantes y minerales estratégicos bajo concesiones de hasta 30 años, prorrogables. Establece regalías de hasta 13% del valor bruto de producción y un impuesto adicional de hasta 6% para minería primaria.
El arbitraje independiente para resolución de disputas es la disposición más relevante para inversores internacionales — una garantía directa contra el riesgo de expropiación que marcó al sector en gobiernos anteriores.
"Un vehículo para la construcción de la prosperidad futura y un instrumento que protege a los trabajadores mineros del país."
Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional
Disposiciones clave
- 1.
Concesiones de hasta 30 años, prorrogables por dos períodos de 10 años.
- 2.
Arbitraje internacional independiente para disputas entre inversores y el Estado.
- 3.
Regalías de hasta 13% del valor bruto; impuesto adicional de hasta 6% en minería primaria.
- 4.
Categorías de minería pequeña, mediana y gran escala.
- 5.
El Banco Central asume las ventas de oro.
- 6.
Sanciones penales para actividades ilegales y daños ambientales.
- 7.
Los depósitos minerales permanecen propiedad del Estado.
Perspectiva energética
La minería y la energía son sectores interdependientes en Venezuela. La expansión minera en la Faja del Orinoco y el estado Bolívar generará demanda directa de infraestructura eléctrica, combustible y logística. La Ley Minera junto a la reforma de hidrocarburos de enero consolida un patrón legislativo claro: Venezuela está construyendo la arquitectura legal para recibir inversión extranjera en todo el sector extractivo. La energía es la columna vertebral de ese proceso.